Por Carlos Ballesteros

En estos tiempos de pandemia, que obligadamente llevan a la reflexión, algunos mal llamados ciudadanos nos demuestran, aún más, que en Colombia existe la pobreza rampante más por la corrupción que por la desigualdad.

Es inaudito que, a estas alturas de la tormenta global, los corruptos se enriquezcan a través de las ayudas asignadas para los más necesitados. Son actos miserables que deberían ser castigados con todo el peso de la ley.

Realmente no es que muchas veces falten los recursos, sino que sobran los inescrupulosos que llenan sus bolsillos sin importar la cadena del mal que generan.

Resulta increíble que por medio de cédulas falsas, información errónea de bases de datos, incrementos de precios, especulación, acaparamiento y muchas artimañas más, se juegue vilmente con los recursos que mitigarían el hambre y las miles de necesidades del pueblo.

Hoy estamos ante una epidemia más grande que el mismo coronavirus y es la corrupción de algunos “servidores públicos”, funcionarios, gobernantes o políticos que tratan de asaltar “el botín” de la comida de los más pobres. Y a la larga cadena ya denunciada se suman como terribles eslabones algunos contratistas, intermediarios, especuladores y acaparadores, con su dosis de ego e individualismo que busca más riqueza para uno y pobreza para muchos.

A esto, como para engrosar el infortunio que vivimos, se suma la falta de generosidad de tantas personas que solo tienen sus corazones llenos de dinero y existencias vacías de humanidad. Estos individuos se pierden la más propicia de las ocasiones, para verse al espejo y notar el reflejo deformante del orgullo, que por su condición económica o profesión pareciera que fueran inalcanzables. El coronavirus, recordemos, nos igualó.

En tiempos de pandemia, más que mantenernos limpios, se necesita un lavado de conciencia, valores y principios para un buen número de nuestros dirigentes y conciudadanos que se hacen ausentes y faltos de solidaridad.

Después de este encierro, no deberíamos volver a la normalidad porque la normalidad era el problema. Nos acostumbramos a vivir entre la corrupción y seguimos apoyando a personajes que llenan sus bolsillos sin pensar en el bien común.

Esta cruda y dolorosa experiencia nos invita a la meditación, y nos recuerda que el Estado sí existe para el pago de impuestos, IVA, retenciones, aportes de seguridad social, entre otros, pero esos recursos pasan primero por el filtro de la corrupción, sin existir una real correspondencia de la clase gobernante con sus electores.

Ese mismo Estado castiga sin piedad al ciudadano del común, sin antecedentes judiciales, pero para castigar a la corruptela se pone lentes oscuros e impone castigos leves a los mal llamados “servidores públicos” y de esta manera promover aún más este mal en las nuevas generaciones. ¿Hasta cuándo la justicia seguirá haciéndole el juego a la corrupción con sus cómodas penas?

Tan importante como encontrar la cura para el virus, hoy más que nunca se necesita una vacuna para que sea aplicada a los “servidores públicos”, funcionarios, gobernantes y la clase política que cometan infracciones, y así evitar la pandemia desaforada de la deshonestidad, porque esta se enquistó en la sociedad y debería recibir castigos sin piedad. Si se busca enfrentar la pobreza y la desigualdad, lo primero que se requiere son penas contundentes y firmes para todos estos personajes venales que la propician con sus actos desleales, sin distingo de orientación política.

De nada sirve que algunos gobernantes, que perdieron su condición de “servidores públicos”, brillen por sus buenas intenciones, cuando están rodeados de tiburones hambrientos con sus fauces abiertas, que no dejarán comida para los más necesitados. El Estado no puede seguir siendo un premio que se alcanza cuando se llega al poder, con el afán de lucrarse durante el ejercicio del mandato.

Es hora, pues, de que abramos los ojos y veamos la realidad que queda una vez más al descubierto. Por años, el poder se ha turnado de un lado a otro, pero ninguno ha erradicado el desangre financiero y la sociedad sigue pasando como cómplice en cada periodo, sin exigir sus derechos.

El pecado de hacernos los ciegos es tan grave como la misma corrupción. Somos un país de ciegos y en nuestra ceguera, la clase política reparte vilmente los recursos de la sociedad para su auto enriquecimiento. Se llegó el momento de que abramos la mirada de la conciencia y apreciemos la luz de la realidad, porque de lo contrario terminaremos siendo una nación con grandes rasgos de pauperización. Igual que la vecina Venezuela, donde campean la impunidad estatal y la miseria del pueblo.

Por esta razón y muchas más, es el momento adecuado para recortar drásticamente el Congreso de la República, Senado (son 108 integrantes) y Cámara de Representantes (son 172 componentes), para destinar, más bien, muchos de estos sueldos a las necesidades prioritarias del país. Debemos sentir como nuestra esta Colombia. Si nombramos funcionarios públicos, es para que sirvan a su población y no para su enriquecimiento a costa de generar enormes desigualdades. Como ciudadanos nos falta exigir para que un mayor número de personas tengan acceso a suplir las necesidades básicas y no se realicen más obras bajo la sombra del desfalco y el negociado.

Más que medidas curativas, lo que se requiere es que la educación promueva a todos los niveles la ética, la honestidad y la moral por encima del arraigado concepto de educar para el éxito, que se confunde en todas las clase sociales con el poder y la riqueza.

Para poder dar pasos en firme en búsqueda del camino correcto de la legalidad, se hace urgente realizar una reforma a la justicia tanto en su interior como en la legislación para castigar ejemplarmente puntos como:

1. Acabar con los beneficios de casa por cárcel.

2. No a la reducción de penas para los implicados en la corrupción.

3. Pagar las condenas únicamente en las cárceles y sin el disfrute de privilegios.

4. Considerar la medida de muerte política como individuos y como clanes políticos.

5. Realizar la expropiación de bienes a su nombre, tanto para familiares como testaferros.

6. Fortalecer las penas por testaferrato.

7.  Cortar de tajo los beneficios a los presidiarios condenados por corrupción.

8. El sistema judicial no puede dejar vencer los términos para estos delincuentes.

9. Ofrecer cuantiosas recompensas por denunciar los actos de corruptela.

10. Castigar a las empresas y personas que participen en sobornos y hechos de corrupción.

11. Dotar con mayor presupuesto a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, para cumplir su tarea de vigilancia, fiscalización y control.

12. Promover el papel de control y vigilancia del escuadrón anticorrupción.

13. Las campañas políticas no pueden seguir siendo financiadas por personas,  empresas o entidades que luego esperan o exigen la devolución de favores.

14. Castigar de forma efectiva la compra de votos y la trashumancia electoral.

15. Prohibir la repartición de cargos públicos como pago de cuotas burocráticas y hacerlo a través de concursos de méritos.