En relación con el inesperado aplazamiento de la Vuelta del Tolima que debía realizarse del 18 al 21 de marzo, el Ministerio del Transporte a través del Instituto Nacional de Vías expidió el MARTES 16 DE MARZO la resolución 00714 firmada por el Dr. Guillermo Toro Acuña, director técnico del Invías, en la cual se autoriza la “realización del evento XIX Vuelta al Tolima y VI Vuelta al Tolima Femenina 2021”.
De esta manera y ante el aplazamiento de la carrera solicitado por el presidente de la Liga organizadora (Nazario Arango) argumentando la falta de los permisos necesarios, queda claro que todos los tramites tanto por parte del Ministerio como por parte de la Liga se surtieron adecuadamente y que el aplazamiento solicitado por Arango tuvo como base la EXIGENCIA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE INDEPORTES TOLIMA a la Liga, en cuanto a tener en su poder los permisos necesarios 72 horas antes del evento, fin de disponer los recursos necesarios para la realización de la carrera, permisos que en ese momento no tenía el presidente de la rectora del ciclismo tolimense.
La exigencia del ente que rige el deporte en el Tolima, obedeció a experiencias anteriores en cuanto a suspensión o aplazamiento sucedidas con esta carrera en años anteriores y también en otras regiones, lo que posteriormente se ha convertido en un serio problema de orden administrativo para los funcionarios, ante el incumplimiento de convenios con recursos del estado.
De este modo se aclaran las actuaciones de las entidades involucradas en este aplazamiento que deja consecuencias económicas y deportivas en todo el movimiento ciclístico que se aprestaba a iniciar la temporada nacional en tierras tolimenses, como sucedió el año anterior y que ahora deberá esperar hasta el lunes de pascua para reiniciar con la Vuelta de la Juventud (5 al 11 de Abril) y la Vuelta a Colombia (16 al 25 de Abril).
Queda manifiesta igualmente la necesidad urgente de promover una reunión inter-institucional en la que intervengan el Ministerio del Deporte, la FCC, organizadores de carreras y también entidades como el Ministerio del Transporte (Invías), ANI, concesiones, autoridades de policía, a fin de establecer un manual de mutuo acuerdo que permita conocer condiciones y necesidades de todas las partes, para evitar que episodios como estos vuelvan a repetirse.
